domingo, 8 de julio de 2012

Ni olvido ni perdón

El pasado 5 de julio de 2012, la justicia argentina cerró un proceso emblemático, iniciado en 1996, condenando al exdictador Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel por el robo sistemático de bebés durante la última dictadura militar (1976-1983).
Junto a Videla, primer gobernante del régimen militar, se sentaron en el banquillo Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura, condenado a 15 años, y otros ocho represores sentenciados a penas de hasta 30 años. La justicia consideró probada "la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años", en el contexto de un "plan general de aniquilación" contra parte de la población civil con el argumento de acabar con la "subversión" durante la dictadura militar.
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Así mismo, y entre el vacío informativo más absoluto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) volvió a afirmar que España tiene “la obligación” de investigar los crímenes cometidos durante el gobierno del dictador Francisco Franco” (1939-1975).
“España tiene la obligación según la legislación internacional de investigar las graves violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el pasado, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco”, dijo a periodistas el portavoz del ACNUDH, Rupert Colville.
Colville aseguró que la ley española de amnistía de 1977 es contraria al derecho internacional. Recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), encargado de evaluar la correcta aplicación del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos firmado por España, concluyó en 2009 que el gobierno español debería “abrogar su ley de amnistía“ ya que esta ley no es acorde a la legislación internacional.

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