sábado, 6 de marzo de 2010

Venezuela y Cuba como munición. Pascual Serrano


Dos asuntos han protagonizado la actualidad informativa y el debate político durante los últimos días: la muerte de un preso cubano en huelga de hambre y el auto de un juez de la Audiencia Nacional implicando al Gobierno venezolano con el terrorismo. Es evidente que se trata de temas claramente alejados de la vida cotidiana de los españoles y que cualquier criterio mínimamente serio de valoración de la actualidad los ubicaría en segundo plano. Hemos comprobado cómo estas dos noticias han desplazado de la actualidad no solamente el debate sobre la crisis económica, sino también a terremotos con cientos de muertos en Haití y Chile. Mientras aquí todo giraba en torno al deceso cubano y la acusación contra Chávez, en Colombia se descubrió la mayor fosa clandestina de la historia latinoamericana (2.000 cadáveres) y los paramilitares admitieron haber asesinado a 30.000 personas, cifra que la fiscalía estimó en al menos 120.000. En México, las decapitaciones y matanzas de jóvenes por el crimen organizado están a la orden del día y en Honduras el goteo de líderes sociales asesinados no cesa: ya van por más de un centenar desde el golpe de Estado. Igualmente las masacres de civiles en Afganistán e Irak no despiertan comentario alguno en los debates políticos.
Como señalaba José Steinsleger en el diario mexicano La Jornada, “de las tragedias acontecidas en el primer bimestre del año en curso, ninguna más ruidosa que la muerte por inanición voluntaria del ciudadano cubano Orlando Zapata Tamayo, preso político, de conciencia, disidente, opositor, delincuente común”. El analista francés Salim Lamrani se permitía recordar que, en Francia, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2010, hubo 22 suicidios en prisión, entre ellos el de un adolescente de 16 años. Un dato al que nadie ha dado la más mínima importancia.
El caso de la acusación del juez Eloy Velasco contra Remedios García Albert y el Gobierno de Venezuela es un claro ejemplo de prostitución de la instrucción judicial con alevosía mediática con fines de agresión política. Un auto que por ley debería ser secreto se filtra a los medios para presentar a una ciudadana como cómplice de ETA y miembro de las FARC, ambas cuestiones discutibles si seguimos defendiendo el principio de la presunción de inocencia. Como ha recordado su abogado, siete meses después del procedimiento no ha sido citada judicialmente y en las fechas en que juez y prensa afirman que se encontraba nada menos que organizando un curso de explosivos de ETA a las FARC en la selva colombiana, veraneaba en la costa española.
En realidad, Remedios García sólo es un daño colateral en los ataques contra el Gobierno venezolano, pero el atropello es sólo una muestra de la vileza y miseria que domina la agenda informativa y el debate político español. En cuanto a la implicación del Gobierno venezolano, según el auto judicial, se fundamenta –es un decir– en declaraciones de testigos sin identificar, pero no se concreta exactamente qué es lo que dijeron, y en un ciudadano vasco que reside en Venezuela, cuya relación con el Gobierno de ese país se establece porque está casado con una ciudadana venezolana que es funcionaria pública. Todo ello sin olvidar que el juez que firma y, al parecer, filtra autos en los medios de comunicación, durante ocho años estuvo al servicio del Partido Popular de la Generalitat Valenciana como director general de Justicia.
Si los asuntos que golpean a los gobiernos de Cuba y Venezuela han logrado este protagonismo en la agenda informativa y política de nuestro país es porque se han dado dos circunstancias curiosas. Por un lado, su uso por parte de políticos y líderes de opinión de la derecha (y ultraderecha) para embestir contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, por otro, una implicación ya habitual de los medios en todo suceso que pueda servir para desprestigiar a los gobiernos venezolano, cubano y cualquier otro latinoamericano que muestre independencia y soberanía frente a las políticas neoliberales.
La presión es tanta que cualquiera que no se sume a la indignación por la muerte voluntaria de un preso que los servicios médicos del Estado cubano hicieron todo lo posible por evitar o a la ola de criminalización de todo a lo que se le cuelgue la etiqueta de terrorista, se convierte en enemigo público y cómplice de dictaduras y terrorismos. Basta observar el linchamiento al que se ha sometido al actor Willy Toledo sólo porque, tras expresar su dolor y condena por la muerte de Orlando Zapata, entre la versión mediática de que el huelguista era un preso político y la versión del Gobierno cubano de que se trataba de un delincuente común, optó por la segunda.
Lo preocupante de todo ello es que se desarrolla en una dinámica judicial que en Madrid procesa a los jueces que investigan los crímenes del franquismo en un país donde los asesinos de la dictadura dan nombre a las vías públicas. Y, mientras tanto, en la Comunidad Valenciana se archiva la causa contra Francisco Camps obviando informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía y se abren diligencias penales contra una diputada de Izquierda Unida que difunde unas pegatinas pidiendo prisión para Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón cuyos procesos por tráfico de influencias y delito fiscal llevan siete años y nueve jueces paseando por los tribunales.
La conclusión no puede ser más preocupante, asistimos al acoso y sitio de medios de comunicación y sectores de la judicatura a gobiernos y ciudadanos que no forman parte de su ideario, mientras la impunidad se instala para otros. Para ello arrollan presunciones de inocencia en acusados de terrorismo, criterios de rigor periodístico y principios de relaciones respetuosas con países amigos. No podemos permitir que este funcionamiento continúe para conseguir munición en la reyerta política española.

Pascual Serrano.

jueves, 4 de marzo de 2010

La mayor fosa común de Europa occidental


El alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, y la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Begoña Álvarez, presentaron juntos el informe final sobre las exhumaciones del antiguo cementerio de San Rafael, donde fueron fusilados y enterrados en fosas comunes 4.471 republicanos entre febrero de 1937 y el año 1957. Durante los últimos tres años, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Málaga (UMA), apoyado por voluntarios y miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha desenterrado y catalogado un total de 2.840 esqueletos.

"Es la fosa más grande de Europa Occidental. Representa los terrores y tragedias de Andalucía", explicó el viernes Begoña Álvarez, consejera de Justicia. El informe recoge, según Álvarez, "con qué crueldad se mataba, intentando no dejar rastro, a veces trasladando los cuerpos a otros lugares".

Sebastián Fernández, profesor de Arqueología de la UMA y director de la excavación, afirma que sin duda el cementerio de San Rafael se ha revelado como la mayor fosa común de fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo.


La mayoría de las personas acabaron fusiladas por disparos en la región torácica, abdominal y en las extremidades. En el patio civil del camposanto malagueño eran sepultados los no creyentes y quienes se habían suicidado en la cárcel, en numerosas ocasiones aparecen maniatados con alambres.


El profesor de la UMA recuerda cómo impactaron al equipo los restos de una mujer embarazada de unos siete meses, «con el feto perfectamente encajado»; los de un hombre al que se le halló una especie de trapo en la garganta, «se lo debieron introducir hasta ahogarle» o el tiro de gracia que se aprecia claramente en muchos de los cráneos.


La aparición de restos pertenecientes al menos a 40 niños también impresionó mucho al equipo que desarrolla los trabajos: «No sabíamos a qué podía deberse. Desarrollamos una investigación y llegamos a la conclusión de que durante esos tiempos se habían producido graves epidemias y que los hijos de los fusilados que habían muerto como consecuencia de ellas, eran enterrados en el lugar en el que estaban sus padres».


El exterminio del régimen franquista se documenta durante dos décadas: entre febrero de 1937 y mayo de 1957. Se tiene constancia registral de que fueron 4.471 los fusilados y enterrados en las nueve fosas comunes que ya han sido clausuradas. La diferencia entre los restos recuperados y el número de asesinados a lo largo de esos 20 años estriba en el vaciado de algunas fosas que se realizó en los años 50 para enviar restos de fallecidos al Valle de los Caídos de El Escorial (Madrid).