“España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos”, ha afirmado Rupert Colville, portavoz de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante una rueda de prensa en Ginebra.
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, solicitó (el pasado viernes 10 de febrero: ¿alguien lo leyó en la prensa?) al gobierno español la derogación de la ley de Amnistía de 1977. Según las Naciones Unidas, en España se incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos. 
“España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos”, declaró Colville durante una rueda de prensa en la capital suiza. Por otra parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU puntualizó que existe un deber hacia las víctimas, que poseen el “derecho de reparación”.
Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, “España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos Humanos”. Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en 1985.
El portavoz se negó a comentar la sentencia por la que el juez Baltasar Garzón resultó inhabilitado por ordenar escuchas telefónicas en la investigación de la trama de corrupción Gürtel. No obstante, Colville defendió las pesquisas realizadas por este juez, en relación con las otras dos causas abiertas contra el magistrado y que hacen referencia a los crímenes del franquismo.
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